La presunta violación de una de las concursantes del reality ‘Gran Hermano’ en España ha provocado una polémica en ese país y el retiro de varios patrocinadores.
Un diario español compartió el vídeo en el que la productora del programa, Zeppelin, mostraba a Carlota Prado las imágenes de la presunta agresión sexual de la que fue víctima por parte de otro concursante, tras una fiesta en la que había bebido alcohol, y su reacción ante esas imágenes, que ella no recordaba.
Los hechos ocurrieron en 2017, durante la edición de 'Gran Hermano', emitida en la cadena de televisión Telecinco, que los denunció y en estos momentos están pendientes de juicio, pero su publicación en los medios ha desatado la reacción de la opinión pública y de empresas.
Más de 40 marcas, entre ellas Telefónica, BBVA y Lotus, anunciaron que retiran la publicidad del programa, sin embargo, en plena polémica la actual edición de ‘Gran Hermano Vip’ está batiendo récord de audiencia con 3,6 millones de espectadores.
Tras salir el caso a la palestra, la productora afirmó en un comunicado que en el momento de los hechos activó los protocolos establecidos, presentó de forma inmediata la denuncia, expulsó al presunto agresor del concurso y retiró a la chica de la casa y la trasladó a un hotel, acompañada de psicólogos independientes y familiares.
Sin embargo, expertas juristas explicaron que grabar una violación o presenciarla y no intentar interrumpir el delito ni auxiliar a la víctima, como presuntamente ocurrió, es omisión del deber de socorro y está penado.
"Si ves que se está cometiendo un delito y no lo impides, infringes el Código Penal", afirmó la presidenta de la Audiencia de Pamplona y coordinadora de género de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Esther Erice.